Tomar acciones de manera global frente al cambio climático es impostergable. De acuerdo con los especialistas, es necesario que los países reduzcan de manera conjunta y significativa las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para evitar que la situación se agrave. En México, la nueva Ley General de Cambio Climático y la plataforma MÉXICO2 representan un gran paso en este tipo de iniciativas.
Las diversas legislaciones buscan mitigar el daño ambiental, además de crear una cultura más consciente con el fin de mejorar la calidad de vida de los individuos.
Eréndira Reyes.
Las afectaciones que sufren los ecosistemas y los sistemas productivos con los que cuenta el país pueden provocar problemas sociales, económicos y ambientales, tanto en la población, como en la infraestructura misma de la nación.
Este fenómeno impone la necesidad de replantear las acciones por llevar a cabo a corto y a largo plazo, pues es necesario actuar de forma inmediata ante los impactos potencialmente adversos que ya existen.
Por un lado, las acciones a largo plazo deben contemplar estrategias que ayuden a reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Esto ayudará a tener un panorama más certero y seguro para la población mundial.
En este tenor, surge la pregunta acerca de cómo está regulado el tema ambiental en el país. Para tal interrogante, el licenciado Alberto Silva Guerra, socio del área Ambiental de Goodrich, Riquelme y Asociados, explica que “es una materia concurrente en la que participan la federación, los estados y municipios.
Cada orden de gobierno tiene su propia regulación en materia ambiental, y si bien los municipios toman como referencia la ley federal, se tiene una ley marco que es regulatoria de la Constitución Política, de la que emanan varias leyes, complementos y normas mexicanas. A nivel municipal existen regulaciones ambientales que toman ciertos criterios de la legislación federal y estatal. Todo esto, a su vez, emana de tratados y protocolos internacionales”.
Así surgió, en 2013, la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), la cual sirvió como instrumento de planeación a largo plazo, en la que se orienta la política nacional con una ruta que establece prioridades nacionales de atención y que también define criterios para identificar las prioridades regionales. Plantea que México crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias y renovables que le permitirán un desarrollo con bajas emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.
La iniciativa también pretende impulsar al país por un camino de competitividad y prosperidad socialmente incluyente y con responsabilidad global, en el que se generen empleos a través de una economía verde y con sistemas y poblaciones más conscientes.
La visión delimitó sus metas en distintos periodos, de 10, 20 y 40, años en los que se estableció un plan estratégico para mantener las normas ambientales acordes a las que se han legislado en otras regiones del mundo y que responden principalmente a acuerdos y protocolos de índole internacional.
Ahora bien, para alcanzar los objetivos en adaptación y mitigación es necesaria una política nacional coordinada; por ello, la ENCC impulsó dos programas más en los que se plantea medir, reportar, verificar, monitorear, evaluar y premiar las iniciativas de cooperación nacional que reduzcan la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Sin embargo, el reto es enorme, ya que el cumplimiento de los objetivos de mitigación busca reducir en la primera etapa, al 2020, un 30 por ciento de emisiones en relación con las del año 2000 y para el 2050 tener una reducción del 50 por ciento respecto del mismo año.
Esto motiva a que la Ley General de Cambio Climático (LGCC) entre en vigor en octubre de 2014 coordinada por el Gobierno Federal, la cual buscará reflejar las acciones que se plantearon en la ENCC.
El gran desafío que tiene radica en la búsqueda por conservar y usar sustentablemente el capital natural con el que cuenta el país, además de desarrollar energías limpias y promover el desarrollo territorial sustentable, incrementar la competitividad y mejorar la salud pública y calidad de vida de la población.
Para el licenciado Silva, esta ley es tan buena como las normativas ambientales que actualmente tenemos, aunque “aún existen algunos vacíos que se deben ir adecuando a las necesidades y costumbres que surgen con el paso del tiempo. Podemos presumir que México es el segundo país que cuenta con una ley de cambio climático, pero se requiere todavía de algunas regulaciones específicas en materia de agua o de residuos.
Lo que hace falta son instituciones, personal capacitado en la materia, autoridad suficiente para hacer cumplir esta ley. Si bien sí se tienen procuradurías, todavía no es posible atender todos los rubros que conforman la materia ambiental”, puntualiza Silva.
Igualmente se debe complementar la regulación actual con otros sectores, como el minero o petrolero, tal como sucede en ciertos países, donde ya se han creado acuerdos voluntarios.
Las metas se dirigen hacia la edificación sustentable con leyes y estándares que cuentan con tecnologías de ahorro y eficiencia energética para regular este sector, por lo que se le está dando prioridad tanto a los que construyen e instalan como a los que fabrican los sistemas que complementan esa clase de inmuebles.
Ahora bien, el camino que ha seguido la Ley de Cambio Climático se ha complementado con la llamada Plataforma MÉXICO2.
Dicha iniciativa de mercado fue apoyada en forma conjunta por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la compañía Servicios de Integración Financiera S.A. de C.V., la Embajada Británica en México, El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).
La plataforma propone un mecanismo eficiente que contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero apoyando proyectos que tienen como misión proteger y aumentar el capital natural y social del país.
Desde que entró en vigor y hasta junio del año en curso ha intercambiado un total de 50 mil bonos, lo que ha superado las expectativas establecidas en su concepción.
Cuando inició el programa contaba solamente con siete proyectos, un programa de reforestación en la selva, un parque eólico, dos granjas de cerdos, un huerto solar, un plan de eficiencia energética y una planta industrial que captura gas nitroso.
En este año se espera que se lleve a cabo la aprobación de otros tres proyectos, dos correspondientes a rellenos sanitarios y uno de captura de metano.
Recientemente, el director de la plataforma, el licenciado Eduardo Piquero, aseguró que lo anterior demuestra que aún sin contar con las reglas sobre el funcionamiento del nuevo impuesto especial de carbono –elemento que se incluirá en la reforma fiscal– el interés de las empresas nacionales por comprar estos instrumentos financieros ha sido alto.
Bonos de carbono
El nombre que poseen estos incentivos se ha dado de forma genérica, pues se trata de un conjunto de instrumentos que pueden generarse por diversas actividades de reducción de emisiones. Existen cuatro formas, principalmente:
Certificados de Reducción de Emisiones (CER)
Los países desarrollados o del Anexo I que inviertan en proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) pueden obtener CER por un monto equivalente a la cantidad de bióxido de carbono que se deje de emitir a la atmósfera como resultado del proyecto. Por lo tanto, se deben respetar por completo los requisitos establecidos en el Consejo Ejecutivo de Mecanismo de Desarrollo Limpio
Montos Asignados Anualmente (AAU)
Este factor corresponde al monto total de emisiones de gases de efecto invernadero que a un país se le permite emitir a la atmósfera durante la primera etapa del protocolo de Kioto, es decir, de 2008 a 2012. Para este fin, cada país divide y asigna su respectivo monto a empresas localizadas en su territorio a manera de límite de emisión por empresa
Unidades de reducción de emisiones (ERU)
Corresponde a un monto específico de emisiones GEI que dejen de ser emitidas por la ejecución de un proyecto de implementación conjunta
Unidades de remoción de emisiones (RMU)
Estos créditos pueden ser obtenidos por un país durante proyectos de captura de carbono. Dichas unidades o créditos sólo los pueden adquirir los países del anexo I por medio de proyectos de implementación conjunta.
Las transacciones de bonos pueden ser desde una simple compra o venta de una cantidad de bonos, hasta una estructura de compra-venta con diversas opciones.
Compras spot. El precio del bono y la cantidad de bonos se estipulan en la fecha del acuerdo de compra-venta, pero la entrega y el pago se realizan en una fecha futura cercana
Contratos de entrega futura. Donde se acuerda la compra-venta de una cantidad específica de bonos al precio del mercado actual, pero el pago y la entrega se realizarán en fechas futuras, generalmente de acuerdo a un cierto calendario de entregas
Todas las operaciones de compra-venta en el comercio de bonos de carbono están regidas por un contrato entre el comprador y el vendedor. No hay un valor “oficial” sobre el precio de una tonelada de CO2 reducida o no emitida, y aunque algunas agencias multilaterales han establecido ciertos precios para los proyectos de reducción de emisiones financiados por ellas mismas, el precio de la tonelada está sujeto a oferta y demanda de bonos de carbono en el mercado.
Para el licenciado Silva este proyecto puede tener beneficios para el sector HVAC, gracias a que “se incentiva la construcción sustentable y a que se puede certificar para después acceder a los incentivos de carbono a los que tiene derecho, esto hará que los constructores y desarrolladores busquen alternativas en equipos tanto de alta eficiencia como de bajo consumo de energía, pues finalmente lograrán conseguir los bonos de forma más sencilla”, declara.
Es importante resaltar que además de estos programas, en abril de este año surgió el Programa de Cambio Climático, en el que se establecen objetivos específicos donde se asignaron tareas, retribuciones y metas a cada una de las instituciones que participan en la plataforma.
Se espera que para 2015, cada empresa u organismo ya cuente con un control adecuado de emisiones de GEI.
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