Existen varios programas que buscan reducir los impactos ambientales, aunque su adopción y regulación es de forma local. El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes recientemente entró en una revisión con el fin de establecerse más adecuadamente a nivel nacional
Eréndira Reyes
El Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) está fundamentado en el derecho de la sociedad a acceder a la información, esto significa que todos los habitantes de una entidad federativa pueden saber cómo y qué actividades están realizando el Gobierno y las entidades que pertenecen a él y en qué estatus se encuentran.
Esta idea surgió en Estados Unidos a través de la Ley de libertad de información (FOIA, por sus siglas en inglés) promulgada en 1966, en la que se sientan las bases de la Ley de Planeación de Emergencias y el Derecho Comunitario a la Información, publicado en 1986.
Ambas leyes fueron los antecedentes del primer registro de emisiones y transferencia de contaminantes Toxics Release Inventory (TRI), en el que se hizo un inventario que cuantificó la calidad y toxicidad de una serie de sustancias químicas emitidas por empresas, estableciendo, además, un reporte. Desde un inicio, las entidades gubernamentales fueron las encargadas de instrumentar esta política ambiental, ya que no únicamente funciona como medio informativo, también permite conocer los riesgos ambientales a los que se puede enfrentar.
En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se establece que “toda persona deberá tener acceso a la información sobre el medioambiente del cual dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones”.
Ahora bien, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED), celebrada en Río de Janeiro en 1992, se planteó la necesidad de establecer registros de emisiones de contaminantes; posteriormente, el Consejo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo un llamado a los países miembros para implantar un mecanismo en el que esto se lograra.
México, al pertenecer a la OCDE, asentó desde 1994 un programa piloto en el que buscaba cumplir con dicha meta. El RETC es una base de datos nacional con información de sustancias contaminantes emitidas al ambiente, las cuales pueden afectar el aire, agua, suelo y subsuelo; así como del manejo de residuos peligrosos. Dicho programa fue establecido como una normativa federal hasta el año 2006.
La información que recopila desglosa el nombre del establecimiento y la ubicación y cantidad o transferencia emitida de una lista de 104 sustancias que son consideradas contaminantes. Es importante decir que la información de este tipo de tóxicos se actualiza año con año.
El RETC tiene por objeto fomentar el acceso público a la información medioambiental, a través del establecimiento de un inventario coherente e integrado con el fin de ofrecer datos para el establecimiento, en primer lugar, de directrices y políticas públicas; y, posteriormente, facilitar la toma de decisiones en asuntos medioambientales, lo que contribuye, finalmente, en la prevención y reducción de la contaminación.
Estudios, como el hecho por Roeb García Arrazola para el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), afirman que este registro es una “herramienta estratégica para las empresas y para sus políticas de crecimiento económico, ambiental, social y humano, ya que permiten que las compañías se incorporen rápidamente al concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) e incrementan, al mismo tiempo, su competitividad nacional e internacional”.
Además, el RETC que aplica en el país tiene otros compromisos, los cuales fueron adquiridos en el marco del Acuerdo para la Cooperación Ambiental de América del Norte, de donde derivo la actual Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, a la que pertenecen México, Estados Unidos y Canadá.
A pesar de que los tres países mantienen puntos en común, difieren en algunos aspectos; por ejemplo, el TRI de EUA comenzó a operar desde 1987 y comprende, actualmente, alrededor de 650 sustancias; en el caso de Canadá, existe el Inventario Nacional de Emisión de Contaminantes (NPRI, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1993 y abarca una lista de 360 sustancias, la cual incluye contaminantes atmosféricos criterio: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, bióxido de azufre, partículas suspendidas totales e hidrocarburos.
México, por su parte, tiene el RETC, que entró en vigor en 1994 y el cual registra 104 sustancias químicas por parte de las industrias. Su marco jurídico aplica a través de La Ley General de Cambio Climático, en la que establece a los gobiernos la obligatoriedad de instrumentar un RETC a las fuentes contaminantes, y, consecuentemente, a las empresas.
Dicha información se convierte, entonces, en asequible a la sociedad mexicana, pero sin afectar las necesidades legitimas de confidencialidad industrial; el objetivo es proveer información cuantitativa y comparativa entre las empresas sujetas a reporte.
Las prácticas corporativas que llevan a cabo las empresas que implementan este proceso en tiempo y forma les posibilita acceder a un incentivo por parte de la Federación, como pueden ser los bonos de carbono.
Dentro de este tipo de beneficios, en 2010 se hizo un estudio por parte del INECC, en el que se evaluaba la mejoría en la competitividad de las empresas que registraban sus emisiones ante el RETC y que participaban en el Programa de Liderazgo de Competitividad Ambiental de la Semarnat; en éste participaron 632 empresas que habían tenido ahorros totales de hasta 903.6 millones de pesos por gestiones ambientales.
Empresas más verdes y más competitivas
Al ver estos resultados, muchos de los investigadores del INECC y otros especialistas iniciaron investigaciones y programas en los que se incentivaba a las empresas a adoptar una política ambiental más consciente. Además, se propuso modificar la manera en cómo se registraban las emisiones, para que con el mismo formato se permitiera un análisis de ciclo de vida o producto, con el fin de prevenir la contaminación e indicar a las empresas las cantidades de recursos materiales con valor económico que se están desperdiciando y, por ende, generando contaminación.
Por otro lado, se planteó la mejoría en la accesibilidad al RETC, en la que se indiquen las bases de datos por contaminante, sector industrial, región, cantidad, etcétera, ya que este manejo de información podría permitir generar nuevos modelos dinámicos sobre las emisiones y el transporte de contaminantes en el país que también ayudaría en el diseño de políticas públicas.
Es muy importante que exista un RETC nacional fuerte, pues esto mejorará la competitividad del país, ya que el mismo registro podría permitir la identificación de las empresas que serían candidatas para la transferencia e implantación de tecnologías de producción más limpia, aspecto que incentiva la inversión.
En términos de política ambiental, este tipo de programas puede coadyuvar a prevenir emisiones y transporte de contaminantes, lo que a la larga disminuirá la carga regulatoria y los costos relacionados al control de contaminantes por parte de la autoridad federal y local.
Por ejemplo, aquellos residuos sólidos generados que no requieren ser enviados a establecimientos de confinamiento o los contaminantes del agua que no son liberados al ambiente y no necesitan de plantas de tratamiento ahorrarán costos a las empresas.
Otros beneficios que proporciona estar dentro del RETC es el acceso a la información acerca de las emisiones accidentales derivadas de derrames o catástrofes en instalaciones industriales. Asimismo, puede generar información útil en los debates sobre planeación del uso del suelo y en las decisiones para otorgar licencias de funcionamiento a los diversos tipos de fuentes potenciales de contaminación.
Es importante decir que este sistema es de carácter global, por lo tanto, si se mantiene alineado a los estatutos internacionales podrá ser aún más benéfico, debido a que se podrán establecer y supervisar las metas y los compromisos internacionales, característica que disminuirá en gran medida el impacto ambiental y podrá hacer posible su cumplimiento de manera más inmediata.
Una base integral y coherente proporcionará al público, al sector industrial, a las entidades científicas, a las empresas aseguradoras, a las administraciones locales, a las organizaciones no gubernamentales y a otros órganos de toma de decisiones las herramientas científicas necesarias para efectuar comparaciones y tomar decisiones en asuntos ambientales.
Igualmente, dada la complejidad y profundidad de la información específica sobre emisiones atmosféricas, al agua, al suelo y al subsuelo, así como sobre las transferencias fuera del emplazamiento del complejo industrial con residuos y de contaminantes en aguas residuales destinadas a tratamiento, se planteó la necesidad de abordar una metodología, en consecuencia, desarrollar distintas herramientas que faciliten el proceso de acopio, verificación y difusión de la información.
La conclusión a la que llegaron los especialistas del INECC logró que el RETC entrará a una revisión dentro de la Ley General de Cambio Climático, la cual está en revisión por parte de las Cámaras, aunque ya ha establecido que las empresas deberán entrar en el registro para un mayor control ambiental.
Una adecuada toma de decisiones debe estar respaldada por información sólida, producto de la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, pues éstos integrarán, por una parte, la importancia del uso racional y responsable de las sustancias químicas y sus desechos y, por otra, desarrollar un nivel de vida más elevado para las poblaciones en países en vías de desarrollo.
Lo anterior propiciará un mejor control en otros servicios, como el control de enfermedades, la producción de alimentos, las mejores prácticas en las líneas de producción y mejores combustibles y materiales.
Por ello, el RETC significa una oportunidad única para que las industrias o empresas desarrollen e implementen programas para la gestión sustentable de las sustancias químicas peligrosas; es decir, se podrán crear empresas socialmente responsables que, a su vez, cuidarán que sus procesos sean mucho más amigables.
Con información del INECC
