En su último informe Hacía un México más fuerte e incluyente: avances y desafíos de las reformas (diciembre, 2017), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció los logros ambientales alcanzados por México en la lucha contra el cambio climático.
La organización resaltó el papel proactivo del gobierno mexicano, reflejado en su compromiso de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y contaminantes climáticos de vida corta, lo cual supondrá una reducción de 22 y 51 por ciento en GEI y carbono negro, respectivamente, en relación con los niveles habituales, para 2030.
Otras medidas que resalta son: la Ley de Transición Energética de 2015, en la que el país confirmó la meta de generar 35 por ciento de energía limpia para 2024: la Ley de Cambio Climático, “modificada para crear un sistema de fijación de límites máximos e intercambio de emisiones” y “el reconocimiento de ecosistemas resilientes como medio para reducir los efectos adversos al cambio climático”.
Advierte, sin embargo, que son necesarios mayores esfuerzos, a fin de lograr dichos objetivos, “dado el rápido ritmo de crecimiento de emisiones de los sectores de energía y transporte”.
Recomienda, en este sentido, la adopción de un impuesto sobre el carbono (para los combustibles usados fuera de la industria del transporte), lo que “aumentará el grado en que los costos externos del uso de la energía se reflejen en los precios”. Según la OCDE, las reformas aumentaron significativamente la proporción de emisiones a precios superiores a 30 EUR por tonelada de CO2 (ver gráfica).
Asimismo, México “debe elaborar cálculos sobre la rentabilidad de los diversos instrumentos de mitigación con base en un costo por tonelada de CO2, tanto en lo relativo a las reducciones a corto plazo como al cumplimiento de la meta de 2030”, concluye el informe.
Fuente: OCDE
